CATALUÑA: Ayer, Hoy y Mañana

 

Lo que está haciendo el gobierno catalán es subvertir los principios constitucionales. Eso es verdad, a partir de ahí todo lo demás que se diga podrá ser verdad, pero es una verdad de orden inferior, sometida a la lucha de opuestos. Eso es categorizar o establecer jerarquías entre nuestras verdades. Podemos imaginar, saber o negar, podemos opinar de tal o cual medida represiva, de la acción u omisión de las partes, podemos opinar de lo fiel o no que se está siendo a la ley, pero de lo primero, no, ni comparar la aplicación por defecto o exceso de la ley con su omisión total: uno se salta la ley y otro aplica con más o menos acierto lo que la ley indica para el caso. Si uno dibuja la línea roja donde quiere no puede reprochar al otro que se la salte.

Se alega, a pesar de esa verdad categórica, que no se puede acallar la democracia, en tanto que es la expresión popular, su derecho a decidir, planteándolo como otra verdad categórica del mismo o superior orden jerárquico, sin tener en cuenta la invalidez contable del proceso por la ausencia de toda garantía formal o instrumental, que se convierte así en una coartada para declarar la independencia. Sin esas garantías es un proceso fraudulento destinado a alcanzar el “Sí” (por la no participación de “No”), en el que una parte decide el qué, el cómo, el cuándo, y, lo más silenciado, el hasta cuándo, lo que lo hace doblemente fraudulento por ser asimétrico puesto que el “Sí” tendría permanencia en el tiempo y el “No” sólo hasta la siguiente oportunidad. Sin esas garantías no es un acto democrático ni ecuánime, es otra cosa, otra cosa que “no es verdad” y que por tanto no puede aspirar a ser “una verdad categórica”.

Pero es que además existe otra parte de la sociedad catalana, tanto como el 50% o más, que no toma esto como una exaltación de la libertad, y que en sí considera el hecho –porque se puede considerar así– de muy diferente manera. En efecto, se puede considerar que lo que está haciendo el gobierno catalán en Cataluña es técnicamente lo que hizo Franco en España, pero sin sublevación militar, sólo política a cargo de la mayoría parlamentaria, de la exaltación patriótica de la mitad de la ciudadanía y del interés económico. Y todo ello con algunos elementos diferenciales que la hacen incluso menos equilibrada porque en la primera el acoso de la mitad de la ciudadanía frente a la otra mitad fue una cuestión de bandos, en tanto que aquí hay una mitad de la ciudadanía que no tiene bando ni defensa, y,  por lo que dicen ellos mismos, no la han tenido en todos estos años de exacerbación del independentismo, o en esa atmósfera social de exaltación-educación patriótica, y marginación-indefensión-acallamiento consecuente. Cuando el otro día Rufían dijo a Rajoy en el Parlamento “saque sus sucias manos de las instituciones catalanas”, muy bien podría haber dicho “saque sus sucias manos españolas de Cataluña”, y hubiera sido lo mismo. Ése es el espíritu.

Es decir, en la primera venció la sublevación y luego se impuso un doctrinario, y la otra ha creado un doctrinario a partir del sentimiento independentista, y lo ha impuesto, para alcanzar la sublevación (al margen de la acción más o menos afortunada del gobierno nacional de turno). Lo que nos lleva a que puede ser que cualquier respuesta política no sólo vaya o tenga que ir destinada a frenar el separatismo sino a reconducir ciertas formas consuetudinarias de adoctrinamiento y exclusión social, por no decir odio (conocido es el empeño y los recursos económicos empleados en catalanizar Cataluña o desespañolizarla, y ahora, a la vista están), es decir, destinada a eliminar las fórmulas de proselitismo que darían finalmente con una mayoría social independentista de facto y, entonces sí, con la inevitable separación.

España ha vivido más de cuarenta años dividida en dos bandos por la idea de lo nacional y Cataluña está ahondando en esta idea, en esta división, que curiosamente ampara la izquierda catalana, incluso el anarquismo, o el propio anticapitalismo (CUP), y ahora la izquierda nacional, en contra de sus principios elementales. Puestos a categorizar existe, en efecto, el derecho a decidir, pero también existe el daño a terceros, el agravio comparativo, y para la izquierda la prevalencia del bien común frente al particular, sobre todo cuando ese particular se apoya en criterios economicistas o incluso clasistas. Cataluña se ha cansado de ser solidaria y está decidiendo ser insolidaria.

Pero hay más, si el espectro social fuera de un 80-20 %  estaría legitimada socialmente cualquier opción de cambio (puede ser que no jurídicamente), pero siendo del 50-50%, no. En este caso, la movilización social que se pretende acuñar, lejos de poder ser considerada como una movilización popular como la del 15-M (la acción del pueblo contra el poder ineficaz y corrupto) es un alzamiento nacional, esto es, el alzamiento de una parte de la población adscrita a un poder político en contra de la otra parte que lo considera ilegítimo, o, lo que es lo mismo, la sublevación popular y su connivencia como herramienta del poder político ilegítimo para legitimarse y normalizarse.   

 AYER, HOY y MAÑANA

La cosa se hizo mal, el gobierno no debería haber impedido el referéndum, sino exigido una mayoría cualificada, simetría y reciprocidad como condiciones mínimas para iniciar la modificaciones necesarias para que el referéndum solicitado entraran en el marco legislativo : 1º se necesitarían dos terceras partes del sufragio (como para una modificación de Estatuto de autonomía) 2ª el resultado sería para siempre, 3º de acuerdo con lo anterior, y en buena lógica, puesto que el “Sí” permanente implicaría la separación, el “No” permanente implicaría abandonar definitivamente esta aspiración.  ¿Cuántos lo aceptarían? ¿Lo hubieran aceptado los independentistas? Yo creo que si se hubiera hecho así no estaríamos hablando de que el gobierno español no quiere referéndum sino que no lo quiere el catalán, que jugaría en este caso a ganar o empatar por lo menos.

Es difícil que nadie frene en este choque. El Estado español tiene el mandato de la ley, la defensa legitima de España y de lo español en Cataluña, su palabra dada, y quizás cierto gusto subliminal de hacer lo que está haciendo. Tiene además buena parte del respaldo político y social, en virtud además de su respuesta aséptica, la única que puede explicar que después de haber sido declaradas inconstitucionales las leyes y haber persistido en ellas, no se hayan deshabilitado los altos cargos. No obstante ha movido fichas, aunque inaceptables para la Generalitat, que tampoco puede frenar. Una mejora en la financiación les podría servir a los antiguos convergentes, pero no a la CUP ni a ERC que se han empeñado en esto, pero incluso por encima de ellos está la ciudadanía, que sea involucrado con la causa, y que a estas alturas lo consideraría inaceptable. Es decir, si en algún momento Puigdemont tuvo la capacidad de decidir, ya no. En consecuencia, a uno no le queda más remedio que ir aplicando paso a paso todos los mecanismos disponibles, y al otro, intentar que la tensión en la calle vaya en aumento hasta la fecha prevista y después, ya sin medida, en forma de clara sublevación popular que él mismo y los suyos incitarían sabiendo que sería lo único que les podría salvar de un proceso judicial de hechos consumados, metiéndoles de lleno, como agitadores, y como responsables, una vez hecha la declaración de independencia, en otro, por un delito de rebelión.  

Todo el mundo se pregunta qué va a ocurrir el día 1 o el 2 de octubre. Yo lo veo con meridiana claridad. El recorrido político catalán llega (si no antes) hasta que se declare la independencia y la posterior convocatoria de elecciones constituyentes (también ilegal), pero queda ahí. Podemos imaginar, si el referéndum va a resultar ser un fiasco en todos los sentidos, qué pueden llegar a ser las constituyentes sin participación política ni medios económicos, porque –y ésta es la segunda parte–, la acción política y judicial del Estado español seguiría con posterioridad. El Estado español ya ha preparado algunas imputaciones de sedición y estará preparando las mencionadas de rebelión que –imaginamos– serán aplicables una vez hecha la declaración de independencia al President, Vicepresident, y a los integrantes imputables (JxSí) de la Mesa del Parlament, que justificaría que hasta ahora sólo hubiese sido imputados con cargos (menores) la segunda línea política. En este escenario sería una nueva Mesa del Parlament o la que quede, de acuerdo con el ordenamiento de la Cámara, la que tendría que decir qué hacer, y, de acuerdo de quienes fuesen, con qué prisa. Esto por un lado, por el otro, y ya con los dirigentes políticos imputados, estaría la acción de la calle, es decir, que a partir de la fecha de referencia la respuesta política del Estado se tendría que medir con la de la ciudadanía, intentando amortiguarla  hasta que se normalice el aparato político, porque si no…