Lo que está haciendo el gobierno catalán es subvertir los
principios constitucionales. Eso es verdad, a partir de ahí todo lo demás que se diga podrá
ser verdad, pero es una verdad de orden inferior, sometida a la lucha de
opuestos. Eso es categorizar o establecer jerarquías entre nuestras verdades. Podemos
imaginar, saber o negar, podemos opinar de tal o cual medida represiva, de la
acción u omisión de las partes, podemos opinar de lo fiel o no que se está
siendo a la ley, pero de lo primero, no, ni comparar la aplicación por defecto
o exceso de la ley con su omisión total: uno se salta la ley y otro aplica con
más o menos acierto lo que la ley indica para el caso. Si uno dibuja la línea
roja donde quiere no puede reprochar al otro que se la salte.
Se alega, a pesar de esa verdad categórica, que no se puede
acallar la democracia, en tanto que es la expresión popular, su derecho a
decidir, planteándolo como otra verdad categórica del mismo o superior orden
jerárquico, sin tener en cuenta la invalidez contable del proceso por la
ausencia de toda garantía formal o instrumental, que se convierte así en una
coartada para declarar la independencia. Sin esas garantías es un proceso fraudulento
destinado a alcanzar el “Sí” (por la no participación de “No”), en el que una
parte decide el qué, el cómo, el cuándo, y, lo más silenciado, el hasta cuándo,
lo que lo hace doblemente fraudulento por ser asimétrico puesto que el “Sí” tendría permanencia en el tiempo y
el “No” sólo hasta la siguiente oportunidad. Sin esas garantías no es un
acto democrático ni ecuánime, es otra cosa, otra cosa que “no es verdad” y que
por tanto no puede aspirar a ser “una verdad categórica”.
Pero es que además existe otra parte de la sociedad catalana,
tanto como el 50% o más, que no toma esto como una exaltación de la libertad, y
que en sí considera el hecho –porque se puede considerar así– de muy diferente
manera. En efecto, se puede considerar que lo que está haciendo el gobierno
catalán en Cataluña es técnicamente lo que hizo Franco en España, pero sin
sublevación militar, sólo política a cargo de la mayoría parlamentaria, de la exaltación
patriótica de la mitad de la ciudadanía y del interés económico. Y todo ello con
algunos elementos diferenciales que la hacen incluso menos equilibrada porque
en la primera el acoso de la mitad de la ciudadanía frente a la otra mitad fue
una cuestión de bandos, en tanto que aquí hay una mitad de la ciudadanía que no
tiene bando ni defensa, y, por lo que
dicen ellos mismos, no la han tenido en todos estos años de exacerbación del
independentismo, o en esa atmósfera social de exaltación-educación patriótica,
y marginación-indefensión-acallamiento consecuente. Cuando el otro día Rufían dijo
a Rajoy en el Parlamento “saque sus sucias manos de las instituciones catalanas”, muy bien podría
haber dicho “saque sus sucias manos españolas de Cataluña”, y hubiera sido lo
mismo. Ése es el espíritu.
Es decir, en la primera venció la sublevación y luego se impuso
un doctrinario, y la otra ha creado un doctrinario a partir del sentimiento
independentista, y lo ha impuesto, para alcanzar la sublevación (al margen de
la acción más o menos afortunada del gobierno nacional de turno). Lo que nos
lleva a que puede ser que cualquier respuesta política no sólo vaya o tenga que
ir destinada a frenar el separatismo sino a reconducir ciertas formas
consuetudinarias de adoctrinamiento y exclusión social, por no decir odio
(conocido es el empeño y los recursos económicos empleados en catalanizar Cataluña
o desespañolizarla, y ahora, a la vista están), es decir, destinada a eliminar las
fórmulas de proselitismo que darían finalmente con una mayoría social independentista
de facto y, entonces sí, con la inevitable separación.
España ha vivido más de cuarenta años dividida en dos bandos por
la idea de lo nacional y Cataluña está ahondando en esta idea, en esta
división, que curiosamente ampara la izquierda catalana, incluso el anarquismo,
o el propio anticapitalismo (CUP), y ahora la izquierda nacional, en contra de
sus principios elementales. Puestos a categorizar existe, en efecto, el derecho
a decidir, pero también existe el daño a terceros, el agravio comparativo, y
para la izquierda la prevalencia del bien común frente al particular, sobre
todo cuando ese particular se apoya en criterios economicistas o incluso
clasistas. Cataluña se ha cansado de ser solidaria y está decidiendo ser
insolidaria.
Pero hay más, si el espectro social fuera de un 80-20 % estaría legitimada socialmente cualquier
opción de cambio (puede ser que no jurídicamente), pero siendo del 50-50%, no. En
este caso, la movilización social que se pretende acuñar, lejos de poder ser
considerada como una movilización popular como la del 15-M (la acción del
pueblo contra el poder ineficaz y corrupto) es un alzamiento nacional, esto es,
el alzamiento de una parte de la población adscrita a un poder político en
contra de la otra parte que lo considera ilegítimo, o, lo que es lo mismo, la
sublevación popular y su connivencia como herramienta del poder político
ilegítimo para legitimarse y normalizarse.
AYER, HOY y MAÑANA
La cosa se hizo mal, el gobierno no debería haber impedido el
referéndum, sino exigido una mayoría cualificada, simetría y reciprocidad como
condiciones mínimas para iniciar la modificaciones necesarias para que el
referéndum solicitado entraran en el marco legislativo : 1º se necesitarían dos
terceras partes del sufragio (como para una modificación de Estatuto de
autonomía) 2ª el resultado sería para siempre, 3º de acuerdo con lo anterior, y
en buena lógica, puesto que el “Sí” permanente implicaría la separación, el “No”
permanente implicaría abandonar definitivamente esta aspiración. ¿Cuántos lo aceptarían? ¿Lo hubieran aceptado
los independentistas? Yo creo que si se hubiera hecho así no estaríamos hablando
de que el gobierno español no quiere referéndum sino que no lo quiere el
catalán, que jugaría en este caso a ganar o empatar por lo menos.
Es difícil que nadie frene en este choque. El Estado español
tiene el mandato de la ley, la defensa legitima de España y de lo español en
Cataluña, su palabra dada, y quizás cierto gusto subliminal de hacer lo que
está haciendo. Tiene además buena parte del respaldo político y social, en
virtud además de su respuesta aséptica, la única que puede explicar que después
de haber sido declaradas inconstitucionales las leyes y haber persistido en
ellas, no se hayan deshabilitado los altos cargos. No obstante ha movido
fichas, aunque inaceptables para la Generalitat, que tampoco puede frenar. Una
mejora en la financiación les podría servir a los antiguos convergentes, pero
no a la CUP ni a ERC que se han empeñado en esto, pero incluso por encima de ellos
está la ciudadanía, que sea involucrado con la causa, y que a estas alturas lo
consideraría inaceptable. Es decir, si en algún momento Puigdemont tuvo la
capacidad de decidir, ya no. En consecuencia, a uno no le queda más remedio que
ir aplicando paso a paso todos los mecanismos disponibles, y al otro, intentar
que la tensión en la calle vaya en aumento hasta la fecha prevista y después,
ya sin medida, en forma de clara sublevación popular que él mismo y los suyos
incitarían sabiendo que sería lo único que les podría salvar de un proceso
judicial de hechos consumados, metiéndoles de lleno, como agitadores, y como
responsables, una vez hecha la declaración de independencia, en otro, por un delito de
rebelión.
Todo el mundo se pregunta qué va a ocurrir el día 1 o el 2 de
octubre. Yo lo veo con meridiana claridad. El recorrido político catalán llega
(si no antes) hasta que se declare la independencia y la posterior convocatoria
de elecciones constituyentes (también ilegal), pero queda ahí. Podemos imaginar,
si el referéndum va a resultar ser un fiasco en todos los sentidos, qué pueden llegar
a ser las constituyentes sin participación política ni medios económicos, porque –y ésta
es la segunda parte–, la acción política y judicial del Estado español seguiría
con posterioridad. El Estado español ya ha preparado algunas imputaciones de
sedición y estará preparando las mencionadas de rebelión que –imaginamos– serán
aplicables una vez hecha la declaración de independencia al President, Vicepresident,
y a los integrantes imputables (JxSí) de la Mesa del Parlament, que
justificaría que hasta ahora sólo hubiese sido imputados con cargos (menores) la
segunda línea política. En este escenario sería una nueva Mesa del Parlament o
la que quede, de acuerdo con el ordenamiento de la Cámara, la que tendría que
decir qué hacer, y, de acuerdo de quienes fuesen, con qué prisa. Esto por un
lado, por el otro, y ya con los dirigentes políticos imputados, estaría la
acción de la calle, es decir, que a partir de la fecha de referencia la
respuesta política del Estado se tendría que medir con la de la ciudadanía, intentando
amortiguarla hasta que se normalice el
aparato político, porque si no…
