Necesitamos algo más que un plan de empleo

Tanto el gobierno socialista anterior como éste han demostrado ser unos ineptos. Son unos ineptos porque no son capaces de vislumbrar (no predecir) mínimamente una solución, son unos ineptos porque no tienen una formación (dígase económica, humanística, etc.) como para comprender las situaciones que se dan, y son unos ineptos porque en virtud de esa ignorancia, y la ignorancia –aunque bien guarnecida académicamente– de los que le rodean, son incapaces de predecir si las medidas que toman surtirán o no efecto, por lo que estamos a manos de la suerte, del devenir.

La pregunta es, ¿si estamos a manos de la suerte, para qué carajo los necesitamos?

Pero sobre todo son unos ignorantes profundos porque no saben ver que el modelo éste en el que estamos inmersos, el neoliberalismo a ultranza, es un modelo que tiene una falla innegable, para la que no tiene solución el propio modelo, por lo que es incompleto.

Si en vez de ser tan ignorantes, fuesen un poco más listos y estuviesen un poco mejor documentados, sabrían que los sistemas incompletos –como ocurre con los sistemas matemáticos– son incompletos y que no sirve darles vueltas, sólo añadirle una condición más.

Ellos no hacen esto, ellos se empeñan en aplicar la tal medida que surtió efecto en la tal situación, según les contaron en alguno de sus masters, sin comprender la diferencia entre una variable de modelo económico más o menos ajustables y aquellas otras independientes o sistémicas para las que el sistema no nos brinda mecanismos de regulación.

En este caso estamos ante un sistema que no pone ninguna condición frente al capital, frente a esa reserva de dinero, que la tengan unos u otros representa la acumulación en su forma imperecedera del trabajo y el esfuerzo hecho por las sociedades. ¿Ustedes saben que ocurre si ese reservorio no se aplica o se va a otro lado?: que vamos camino de la economía de subsistencia. En esa estamos.

Aquí estamos, por tanto, respecto de los modelos económicos habidos, entre uno que no salía de la subsistencia y otro que nos lleva a ella (y a la esclavitud) cada vez que le da la gana o se pone de manifiesto una falta de previsión. ¿Qué hacer?

Es evidente que hace falta un plan nacional o internacional, no para el empleo (a pesar de estos más de seis millones de parados) sino para establecer ese nuevo e ineludible mecanismo de regulación, que nos lleve definitivamente a otras capacidades de control del sistema, y con ello a un nuevo orden social.

Lo demás, es para nada.

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Crisis: una cortina de humo espeso

¿Cuánto de todo lo que ocurre obedece a una coyuntura económica y  cuánto no sólo a un plan calculado, sino más allá de esto último, a una situación irrecuperable en el contexto económico y social actual?

Los dirigentes y los gobiernos hacen sus ajustes, pero esos ajustes no pueden nada contra la realidad. No podrán con la realidad a no ser que alguien afloje la tensión, pero incluso esto no será nada más la acción premeditada y falaz, y el alivio efímero a una situación irreparablemente degradada.

Las medidas que vemos o que podremos ver en un futuro no serán nada más que medidas de alivio para el problema que se nos está planteando y que se nos muestra a la vista, pero serán totalmente inservibles para las cuestiones principales y veladas que nos sobrepasan, y que en modo alguno podemos solucionar en este contexto.

El problema visible es esta crisis económica, el problema profundo es la evolución natural de los sistemas, económicos y humanos que hace que al margen de esta o aquella disposición particular vayan inequívocamente en una dirección, como lo hace la línea del tiempo queramos o no queramos, y que sigan yendo a no ser que cambiemos radicalmente nuestro paradigma social.

¿En que consiste ese paradigma? En el desarrollo del principio de bipolaridad. Esto, como ya hemos estudiado, ha dado lugar a la lucha de clases, y de una forma más sustancial a la lucha de dos tipos de necesidades bien diferentes. Somos víctimas de la necesidad (la realidad) y de la necesidad de eludirla (el instinto de conservación y otros). Es inevitable. Es inevitable porque es imposible hacer entender a unos las necesidades de los otros o actuar de una forma determinada en función de las mismas.

La cuestión es que unos tienen unas necesidades y más posibilidad de satisfacerlas, lo que da lugar a unas repercusiones nefastas e inmediatas para los otros, en tanto que procuran para sí un remedio o solución providencial. Esa necesidad y posibilidad nos van llevando poco a poco a un estado ruinoso sin posibilidad de escape, y a una degradación de todo el sistema.

Hay, por tanto, que inventar, hay que decir, “imaginemos que…”. Pues eso, imaginemos que todo lo que nos ha servido hasta ahora, que todo lo que ha servido para hacer florecer nuestra civilización desde el renacimiento (con todas las servidumbres que queramos considerar), no sirve, que a partir de ahora es imposible alcanzar crecimiento o plusvalías sin establecer dependencias infames entre las personas, las empresas y los Estados.

Ya hemos contado que esto se dio en la revolución industrial y que sin embargo tuvo un final, y hemos explicado por qué esto que ocurre ahora dista de ser una mera réplica de aquello, pero lo vamos a repetir. Antaño había variables en proporcionalidad inversa sustentadas por otras de proporcionalidad directa, ahora en cambio la proporcionalidad directa viene determinada por un comportamiento de largo recorrido que no parece poder evolucionar en otro sentido: superpoblación, incremento de la esperanza de vida, globalización, acumulación cada vez más acendrada de la riqueza (y desvinculación de la misma de la realidad social), coste del bienestar cada vez más elevado en las sociedades ya desarrolladas, etc.

Antaño hubo una proporcionalidad directa entre el desarrollo de la clase media y el crecimiento, proporcionalidad que se ha roto definitivamente: no hay nada que justifique la existencia de todo un sector intermedio. El capital (la empresa) establece una conexión casi directa con la distribución final (con las fuentes de ingreso), lo que nos llevará más pronto que tarde a la utilización discreta de la mano de obra, esto es, a su utilización allí donde existe un servicio puntual y, en consecuencia, una rentabilidad. Este esquema se ha ido aplicando en las empresas hasta llegar a la figura del vendedor como último reducto ineludible de lo que ha representa la implantación social de la empresa, de su presencia en la calle, pero incluso esto está siendo historia con la globalización y demás. Consecuencia de todo esto será una aplicación del capital y una empleabilidad escogidas, y con ella una infrautilización de la capacidad de generar riqueza, de que ésta en ese proceso se distribuya y ocupe a la población; y por tal falta de ocupación, una desocupación que no tendrán parangón con la que conocemos, por no tenerlo en sus causas, que serán –repito– sistémicas, o lo que es lo mismo, independientes y superiores a toda nuestra capacidad de hacer o corregir. Esto será dentro de diez años, o de veinte, pero será: así cayeron los imperios y dieron lugar unas edades a otras.

Hay que inventar, romper la relación viciada entre crecimiento y desarrollo, mostrar y demostrar, tal como pretendimos en la Declaración, que hay mucha más riqueza en la sociedad que la que se puede contar con dinero y que, muy contrariamente, la concepción monetarista viene a ser un embudo a la riqueza real de un pueblo: ¿acaso los cinco millones de parados no podrían hacer algo más por esta sociedad que estar parados, pudiendo a su vez esta sociedad hacer algo por ellos? No lo voy a resolver ahora, no me quiero adelantar a lo que será parte fundamental del desarrollo teórico, pero sí decir que esa relación viciada deriva de la relación viciada entre los polos, o exceso de polarización entre ellos.

Hay que inventar, romper la relación viciada entre las dos formas de entender o desarrollarse las relaciones políticas, entre la politización de las mismas o prevalencia de alguna determinada verdad política y la judicialización o equidistancia de esa verdad, del igualitarismo puesto tan de manifiesto en todos los órdenes, incluido en alguno tan primordial como el de la educación. Hay que mostrar y demostrar, tal como pretendimos en la Declaración, la necesidad de establecer unas determinadas verdades suficientes y una jerarquía entre las mismas que procure un plus de higiene a nuestro sistema. No me quiero adelantar a lo que será parte fundamental del desarrollo teórico, pero sí decir que esta relación viciada deriva de la relación viciada entre los polos, que en la actualidad radica, frente a otras posturas dogmáticas, en la estandarización o desespecialización de dichos polos o defecto de polarización entre ellos.

El estudio del principio de bipolaridad es un nuevo esquema que integra el comportamiento económico y el social como partes, por lo que tiene que introducir no sólo una visión más general, abstracta o aséptica de sus cuestiones sino un lenguaje que no es propio de esas partes y que es en consecuencia diferente. Cada una de las partes, económica y social, no sólo tienen un mismo lenguaje, de acuerdo a ese esquema, sino una finalidad común, no privativa o propia, basada en la consecución de determinados estados, que luego en cada ámbito podrá tener una representación u otra bien distinta.

Tenemos, por tanto un reto, y un dilema, o hacemos cambios en el contexto del esquema conocido y viejo, y alargar nuestra agonía hasta un final cierto, o incorporamos otros tipos de elementos, elementos de ruptura aplicados inteligentemente, de acuerdo a un nuevo esquema, que nos abran sendas de crecimiento y desarrollo social inéditas.

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Cuarta comunicación transversal del 15-M

Hace unos días, el TesoroPúblico abrió el mercado de deuda pública a los minoristas, es decir, ha abierto la posibilidad de que los particulares adquieran deuda pública.

Nosotros ya apuntamos en junio del año pasado la necesidad de esta medida, que incluimos en un paquete de acciones que presentamos bajo el título de “Hacia un nuevo orden social”, y que trasladamos en su parte económica más sustancial a la Presidenciadel Gobierno, según consta en la repuesta o acusede recibo. Allí se decía:

“¿Qué solución tenemos? Es evidente que la solución pasa por cambiar esto, es decir, hacer que parte del más de billón y medio de euros en activos financieros, principalmente aquélla que está asignada a depósitos y fondos de inversión, vuelva a aplicarse de forma natural a la economía nacional… Crear el producto financiero que posibilite esta voluntad.”

De forma análoga se instó a alguna publicación a que se hiciera eco de este conjunto de medidas, se implicara y las promoviera, en un momento ciertamente dramático de la coyuntura económica, no encontrado este intento respuesta alguna, consciente, por otra parte, de la heterodoxia y la inutilidad del método elegido en uno y otro caso para elevar las propuestas.

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La medida tomada por el Tesoro no es desde luego tan ambiciosa como la que nosotros presentamos, y se queda en sus aspectos meramente economicistas, dejando a un lado la posibilidad de instrumentalizar un verdadero proceso de regeneración económica y la de crear un tejido financiero social paralelo del que pudiera nutrirse el sector productivo, en lo que verdaderamente se constituiría como el puente hacia un nuevo orden social o una forma de hacer cosas bien distintas, cosas tales como quitar parte de la relevancia y capacidad de dominación a los mercados o hacer —cuando menos— una declaración explícita de esa intencionalidad.

No es tan ambiciosa porque no involucra a la sociedad en un plan. No siendo así, en modo alguno puede tener más capacidad de convocatoria ni utilidad que la que le corresponde y se deriva de la calidad del propio producto financiero, sin ese plus basado en el fundamento ni en el resultado socioeconómico de su aplicación: las medidas así tomadas no contemplan el componente amplificador del factor humano.

La cuestión ahora podría ser saber por qué no se ha hizo en su momento —al margen de la ortodoxia y de la fuente— un estudio y un uso útil y considerado de las propuestas. Esto es, cuando se mandó tal escrito, ¿se leyó?, ¿se leyó y se desconsideró directamente?, ¿quién lo leyó?, ¿qué ventajas se hubieran derivado en ese momento? Y lo más importante, ¿acaso nos sobran las propuestas?

Estas mismas cuestiones son las que se pueden plantear con los desahucios. Hemos tratado de aportar las soluciones que a todas luces no aportan las partes. De un lado parece quedarse en meras cuestiones técnicas y de otro, el de la ILP, en soluciones casi imposibles o incoherentes: ¿cómo se espera que un desahuciado en paro pueda pagar un alquiler social?, ¿sobre qué base salarial se fija el 30%? Además de esto, si una barbaridad es —desde el punto de vista de la equidad comercial— que el deudor pierda el inmueble y mantenga la deuda, también lo es que pueda intercambiar una por otra, es decir, que se pueda devolver (y se haga de forma sistemática) el artículo adquirido sin más. Es una barbaridad desde el punto de vista del interés del banco (que se queda con un artículo que ya vendió) y lo es, sobre todo, desde el punto de vista del usuario que no sólo da el inmueble como pago de la deuda sino la parte de capital amortizado.

A modo de ejemplo, por un préstamo de 200.000 euros, pagar la casa de 240.000 euros y 80.000 euros de préstamo liquidado y seguir debiendo el préstamo, es una fechoría, pero no seguir debiendo el préstamo (eso es la dación) no parece tampoco una propuesta ambiciosa para el usuario, puesto que está dando un inmueble (que posiblemente valga más de los 240.000 euros) por un préstamo de 200.000 (disminuido en el capital amortizado por los 80.000), en tanto que el banco ha recuperado ese capital amortizado y tiene un inmueble, pero no tiene el resto de capital, que es lo que verdaderamente le interesa.

Es decir, que las soluciones no sólo se presentan como imposibles e incoherentes, sino, dadas las condiciones de partida de la actual legislación —y aunque aparentemente no lo parezca—, como poco ambiciosas, justas y útiles.

Las soluciones tienen que ser útiles y posibles, y válidas para otros escenarios y para la generalización de los mismos. Nuestra propuesta está planteada ya: la única forma de no dar lugar a un caos (o un abandono) sistémico es establecer una moratoria tutelada y avalada por el Estado para aquellos casos de endeudamiento sobrevenido, en la que éste alcanzaría un grado de titularidad temporal (copropiedad) sobre el inmueble.

La cosa es sencilla: el banco no pierde su cota de ingresos por impagos (se pone fin a la morosidad y al colapso económico), el deudor lo empieza a ser sobre el Estado con el que establece una forma de copago de la cuota hipotecaria en función de las posibilidades económicas (mejor es deberle al Estado por cesión de titularidad de la propiedad que perderla totalmente y pagar por un arrendamiento totalmente estéril para las partes), el Estado alcanza una co-titularidad de la propiedad sobre la que hará finalmente cesión si cambia la situación económica del propietario inicial o que mantendrá —si no se da este caso—, perpetuándose en esa forma de arrendamiento social, pudiendo llegar a ser propietario único al retrotraer el arrendamiento de la parte de propiedad del usuario.

Mucho mejor es esto que todo lo propuesto, incluida la medida aprobada por la Junta de Andalucía, por la que se demora durante tres años el fatídico final, en tanto que durante ese periodo se establece un vínculo innecesario, improductivo o incluso perjudicial para las partes, no aplicable a demasiados casos (se estima que sólo al 3% de los desahucios) y no demasiado ventajoso económicamente hablando, lo que implica poco impacto económico, subvencionable en el mercado libre mediante otras disposiciones. También a modo de ejemplo, para un justiprecio de 240.000 euros, regulado por la ley de expropiación, la Junta tendría que abonar 4800 euros al año (el 2%), de los cuales, para el ingreso familiar superior admitido por el propio Decreto-ley, de 1626 euros, el usuario podría tener que abonar la totalidad (400 euros al mes), mientras que otros ingresos familiares superiores no pueden acogerse, sea cual sea la relación hipoteca/ingresos y sea cual sea el decremento de ingresos en puntos porcentuales (y, consecuentemente, el endeudamiento sobrevenido), como tampoco pueden acogerse otros casos o circunstancias de endeudamiento por no estar contemplados en la ley, que dan lugar igualmente todos ellos a casos de exclusión social (el otro 97% de los casos).

Además, no se entiende que el proceso de expropiación no sea reversible, no en el sentido de dar término a la ocupación en caso de que varíen las circunstancias de la persona beneficiaria, tal como indica el Decreto, sino en el sentido de recuperar la propia vivienda. Es decir, no se entiende que el tiempo de demora y la posible variación de las condiciones no repercutan en lo que aquí se presenta como fundamental y originario, que es la perdida de la vivienda, y que, por tanto, el proceso de expropiación no se anticipe, por un plus en la contribución, al de desahucio, sin lo cual, dicha expropiación sólo tiene de expropiación el nombre, y deja de serla para ser una mera gestión inmobiliaria.

En cambio, mediante nuestra fórmula, el Estado, una vez negociada el nuevo precio de la propiedad y de las cuotas, así como la parte de capital ya inyectado asociable a esta partida, establecería una forma de leasing, que además de presentar las ventajas descritas tiene otras añadidas, como la de hacerse de un parque de viviendas que viene muy bien para cambiar la política de la vivienda en España, facilitando la movilidad geográfica (lo que se presenta como una ventaja derivada es en realidad un bien en sí mismo de cara al mercado laboral y a la promoción profesional) etc. o estimular el consumo (el propio de la ocupación de las viviendas).

La financiación del Estado, caso de ser necesaria, puede venir por una emisión especial de la deuda anteriormente descrita, esto es, por una emisión de deuda pensada no sólo por criterios económicos sino funcionales. Volvemos a lo que ya dijimos: es muy diferente una deuda pública sin una funcionalidad clara a otra aplicada a esta forma de socorro o plan social, con la vivienda como bien tangible e inversión final. En este caso, simplemente con 1000 millones de euros se daría cobertura a todos los casos de desahucio, incluso los ya aplicados, porque ese dinero de deuda pública solidaria cubriría 50.000 casos durante dos años. ¿Dónde está el plan? El plan está en que muchos de esos desahucios lo son por unas cuotas, por un problema puntual, es decir por un endeudamiento, aunque sobrevenido, no sistémico. El plan está en que muchos de esos casos no necesitarían la aportación de toda la cuota. El plan está en que seguramente no serían los mismos 50.000 durante esos dos años, porque muchos de ellos saldrían de la bolsa permitiendo que entren otros.  El plan está en que esos que salen no sólo reanudarían sus aportaciones sino las correspondientes al periodo en las que han estado usando esta cobertura. El plan está en que muchos de estos desahucios u otros pueden estar asociados al capital ya inyectado, por lo que no tendrían un nuevo coste. De todo ello se desprende que con ese capital podría dar cobertura al doble o el triple de expedientes. El plan está, finalmente, en que se puede mover con poco dinero un volante de inercia grande de este problema, y parejamente de toda la economía doméstica que lleva asociada.

Quiero hacer finalmente un resumen de la propuesta de COPAGO HIPOTECARIO.

A- Proponemos establecer una fórmula de leasing y propiedad múltiple entre los titulares de las viviendas afectas por un expediente de desahucio y el Estado.

B- Mediante esta fórmula el usuario pagará la parte de la cuota de la hipoteca a la que pueda hacer frente (que puede ser nula), en tanto que el Estado hará frente al resto (copago hipotecario).

C- Como consecuencia, se alcanzará una copropiedad del inmueble que se irá resolviendo hacia la propiedad final de una de las partes en virtud de las circunstancias.

         

            Según las circunstancias aludidas, podría ocurrir:

* Que el titular inicial recupere la posibilidad de normalizar su situación, haciéndose nuevamente cargo de toda la cuota, así como de reintegrar todas las aportaciones realizadas por el Estado, con lo volvería a ser el único futuro propietario.

* Que el titular inicial no recupere la posibilidad de normalizar su situación. En este caso se seguiría aplicando la fórmula de copago hasta llegar al total del valor de la propiedad o pago de la hipoteca. A partir de aquí, podrán darse dos casos, en función de la capacidad económica del titular inicial y del reparto de propiedad alcanzado hasta ese momento:

1º El titular inicial de la hipoteca sigue pagando cuotas, en este caso al Estado, que estará conceptuado como pago en alquiler por la parte de propiedad del Estado y, según el caso, como recompra.

2º El titular inicial de la hipoteca sigue sin pagar cuotas o hacerlo en la cantidad suficiente, en cuyo caso, el alquiler de la parte que el Estado tiene en propiedad será retrotraída de la propiedad del titular inicial, pudiendo llegarse a la perdida total de la propiedad en beneficio del Estado.

D- El Estado hará uso de emisiones especiales del Tesoro Público orientado a minoristas para hacer frente a las partidas económicas que necesite, así como de la conceptualización para este fin de otras partidas económicas inyectadas ya a las entidades bancarias en régimen de ayudas.

Vemos que, en efecto, este método permite al usuario inicial recuperar la propiedad, con lo que al Estado no le costaría nada y, en el peor de los casos, pone freno a la exclusión social de una forma casi gratuita porque es el propio usuario el que paga su inclusión con la parte del inmueble que tiene originariamente en propiedad (mucho mejor esto a que a que se pierda en subastas y ejecuciones).

Ahora depende del gobierno, o de lo que cada uno de nosotros podamos entender, hacer y difundir.

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Llevamos un año haciendo distintas aportaciones y va llegando el momento de hacer éstas aportaciones en el sentido anteriormente descrito, el de ir dando un conjunto de soluciones en el marco de la propia teoría a toda la problemática social (ese es su fundamento), pero antes es bueno mirar hacia atrás para recapitular y acotar el trabajo realizado, dado que estos días hemos concluido la última separata de la Teoría social (y 3) en la que se abordan los aspectos culturales de la transformación social llevada a cabo desde el renacimiento, que ha dado lugar a toda cultura socioeconómica, para saber valorar todos sus aspectos (hasta que no tratemos los principios de verdad no estaremos en condiciones de valorar cuan importante es este punto en el todo el asunto) y conocer qué opciones tenemos.

Hasta ahora hemos hablado en la Teoría social del problema, que en buena medida ya refundimos desde el inicio en el Manifiesto, será a partir de aquí cuando abordemos las soluciones, y el desarrollo de los pilares sobre los que éstas se construyen, participando todo ello de un mismo espíritu, de la comprensión de nuestro mundo, de nuestras posibilidades, y de una síntesis intelectual e histórica basado en un esquematismo básico que nos ayude a discernir lo aceptable de lo que no lo es en este mundo complejo y preñado de anhelos, de miedos, de apetencias y de todo tipo de desórdenes. Será el principio de bipolaridad el que una vez más nos dé las claves de cómo se configuran las sociedades en dos polos y cómo estos pueden vivir armonizados o no, y por qué motivos.

Si necesario es el trabajo intelectual más necesario es el cultural, la aprehensión de ese espíritu y de determinados cambios esenciales, de determinadas palancas de transformación en los diferentes órdenes de la vida para hacerla radicalmente distinta.

Es esto es por lo que conviene no perder de vista ese trabajo previo ya citado (Manifiesto), la Declaración, la Proclama, así como un sin fin de de indicaciones realizadas desde la Presentación, empeñadas en mostrar (y demostrar) qué cosas nos apartan de toda posibilidad (porque nos apartan de un mínimo ideal y nos acercan a la necesidad perentoria); y es por lo que insto a observarlos con una mirada clara y atenta, así como a participar en la difusión no ya de esta o aquella medida sino —vuelvo a repetir— de una forma de cultura y antes de eso de un lenguaje que nos ayude a escapar del lenguaje actual, que es el que verdaderamente nos encadena a ciertas relaciones y a ciertas formas de concebir la sociedad, esto es, a nuestro estadio social.

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Iniciativa Legislativa Popular

La ILP (iniciativa legislativa popular) de la PAH (plataforma de afectados por la hipoteca) ha puesto de relieve lo imperfectos que son los mecanismos de nuestra democracia. No los mecanismos legales (ahí esta la posibilidad de presentar la iniciativa) sino los lógicos o, si se quiere, no tanto la instrumentalización del derecho como la elevación mediante el mecanismo del propio derecho.

La fórmula para hacer uso del derecho está ahí, pero, ¿cuánto derecho conlleva ese derecho? Esto es una cuestión casi filosófica y, de otra parte, una cuestión a resolver, previa y necesaria al empoderamiento popular, un test.

Empecemos por lo último, dejando dicho de antemano que es lamentable tener que limitar o acotar la necesidad popular sobre todo cuando ésta se presenta tan aparentemente unidireccional y cargada de razones y de dolor, pero aquí hay tres aspectos que no podemos obviar.

El primero es que en la lucha que se establece, entre una situación de despropósito como la de la actual ley hipotecaria y la que daría lugar su derogación total y transformación de acuerdo a la solicitud, hay que mediar o contemporizar. No vale decir “salga el sol por Antequera”. No vale dejar las cosas como están, pero no vale tomar determinaciones que esquilmen el derecho no ya del sector financiero sino del resto de la ciudadanía. Dicho de otra forma, como en cualquier otra aplicación de la ley, la restitución del daño no puede causar daño a terceros o sustentarse en una generalización del agravio comparativo.

El segundo es la cuestión de la legitimidad numérica, que se trata de presentar cuando ésta en modo alguno alcanza la que tiene consolidada el partido del poder mediante las urnas. Esto quiere decir que podríamos formar una ILP virtual (o real) con ese electorado en la dirección contraria (o peor que ésa) y preguntarnos, “¿y ahora qué?”.

La tercera es el propio mecanismo de aproximación o focalización de un determinado punto de vista, cuando éste está apoyado en el dolor personal o en la empatía al mismo. Incluso siendo una mayoría, un gobierno debe estar por encima de esa mayoría, porque las mayorías son legalmente capaces de transformar en el sentido que quieran pero no siempre están legitimadas a hacerlo, esto es, a hacerlo moralmente. Las mayorías han puesto barreras arquitectónicas (y de todo tipo), la supresión de estas barreras tiene que obedecer más que a un acto de caridad a la certificación de que nos ocupamos en aquello que no nos perjudica directamente y que queda casi oculto por su repercusión social (número).

Hasta aquí una parte, la otra es darle voz precisamente a esa minoría aunque no tenga un millón y medio de firmas. Es decir, que lo mismo que decimos que un millón y medio no legitima decimos que su ausencia no deslegitima, que la cuestión no es el número (esta es la cuestión casi filosófica), sobre todo cuando lo que se pone en liza es y ha sido una barbaridad o desequilibrio ancestral e interesado.

En consecuencia hay que buscar un mecanismo, que no esté basado en el número de supuestos, que sea capaz de caracterizar y corregir el atropello. En este caso un juez sólo necesitó de un supuesto para hacerlo. En la vida pública tampoco deben hacer falta muchos supuestos, sólo hace falta ser sensible a uno y tener la capacidad y la voluntad, como ya se dijo, de tomar alguna determinación. Por esto cada acto es y debe ser un acto moral, no porque vayamos al cielo o al infierno sino porque es la representación de todo a lo que puede dar lugar:

— ¿Te acuerdas de aquella película? ¿Cómo era? Sí, ¿Vencedores o vencidos? Era sobre los juicios de Nuremberg, al término de la segunda guerra mundial. Spencer Tracy, le decía a Burt Lancaster algo así como: Auschwitz empezó cuando se declaró culpable al primer judío, sabiéndole inocente. Anteriormente Burt había querido minimizar y limitar la responsabilidad, su responsabilidad, en el sentido contrario: yo sólo condené a un hombre; pero Spenser le había dicho las palabras justas, en todos los sentidos: los actos tienen una responsabilidad intrínseca aunque no acaben en Auschwitz.

Unos pocos judíos desposeídos de sus pertenencias o de su verdad jurídica o moral (como otra pertenencia más), casi anecdótica, da lugar a un holocausto. Unas cláusulas abusivas o regulación errónea que tiene unas consecuencias personales prácticamente desconocidas dan lugar a una tragedia nacional. Pero el mal estaba ya hecho antes del holocausto y de la tragedia.

Mientras no se equilibre este desajuste no habrá verdadero derecho en ese derecho de la ILP. Mientra unos en su acción y otros en la reacción no seamos capaces de hacer algo más, de superar la verdad y la mentira por número o falta de él, estaremos condenados a nuestra particular tragedia. Las ILP, como cualquier fórmula contra el abuso, deben encontrar en el ámbito jurídico no sólo una resolución particular sino una determinación que obligue a legislar y que obligue a hacerlo de una forma determinada, esto es, sobre un escenario o supuestos mínimos, que luego el legislador podrá mejorar en virtud de las posibilidades o de la coyuntura. Esta será la única forma en la que puede establecerse una coherencia entre nuestra realidad, nuestros anhelos y nuestras posibilidades, y la única que hará de esa realidad una realidad consolidada, conocida y no sujeta a la arbitrariedad.

En este caso no se quiere la dación en pago porque podría causar la caída del sistema financiero. Quizá sea cierto, pero la alternativa a una posible solución desastrosa no puede ser una solución que sobre todo en la actualidad no sirve a nadie.

Se trata de buscar para los casos en los que la tal vivienda es la vivienda habitual un pago demorado o intermediado por el Estado de las cantidades pendientes, de modo que permita al usuario hacer uso de la vivienda (y contribuya con todos los gastos que lleva aparejado su uso al aumento del consumo interno), a las entidades bancarias, cobrar o tener expectativas de cobrar por las cantidades verdaderamente pendientes, y al Estado, ser avalista circunstancial (lo mismo le supone ese pago que un alquiler social u otro tipo de ayuda) y promotor del mencionado consumo, esto es, del sostenimiento de la cadena económica mediante el mismo.

Se trata, por otro lado, de que toda la liquidez inyectada a los bancos no venga por la vía de la ayuda sino de este pago diferido. Los bancos reciben lo mismo pero no deben tanto, el Estado, en el peor de los casos debe lo mismo, pero lo entrega a los bancos en dos conceptos diferentes (uno de ellos pendiente de ser devuelto por los bancos y otro no, porque se corresponde con el pago de las familias), en tanto que las familias derivan hacia el Estado su deuda en condiciones más ventajosas, tanto a la cuestión financiera como a la derivada de la conservación de la titularidad de los inmuebles.

Mediante este mecanismo los Bancos no ven mermados los ingresos como consecuencia del impago, y el Estado estaría, a todos los efectos, facilitando como vivienda social, en espera de mejores circunstancias, la propia vivienda, sin coste adicional. Mecanismo que sería susceptible de ser aplicado de forma retroactiva.

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